La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) afirmó en sus argumentos de réplica de este miércoles que procede el envío a juicio de fondo del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo"pues la acusación es más que suficiente" para probar que se "asociación" con otros exfuncionarios acusados de corrupción y empresarios que pagaron sobornos para financiar su campaña como candidato presidencial en el 2020.
La Pepca también dijo que se ha sometido a las pruebas de los hechos que detallan en su acusación contra el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirillo (2019-2020) a quien imputa la recepción de 58 millones de pesos por parte de otros implicados en la supuesta rojo que afirma estafó al Estado en los libramientos de pagos por terrenos declarados de utilidad pública.
Acusación contra Gonzalo Castillo
Al refutar los planteamientos de la defensa del también excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 2020, la fiscal elvira rodriguez rechazar que se hayan vulnerado garantías procesales o que el proceso penal haya excedido los plazos establecidos por la ley.
Rodríguez reiteró que a Castillo se le imputan los delitos de soborno, asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Según el representante de la Pepca, durante el proceso electoral de 2020, el empresario Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, por instrucciones del exministro de Haciendas, Donald Guerrero Ortizhabría entregado a Gonzalo Castillo la suma de 3.812.000.000,00 de pesos.
Esos fondos, de acuerdo con el Ministerio Públicoprovenían de pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos y reconocimientos de deudas administrativas.
El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y su hijo, Daniel Guerrero Mena. Ambos son acusados por el Ministerio Público en el caso de supuesta corrupción. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
El órgano persecutor sostiene que dichos recursos evidencian la participación de Castillo en una supuesta estructura de corrupcion que desviaba fondos públicos para el financiamiento ilícito de campañas políticas y para uso personal.
Asimismo, la Pepca indicó que el ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez.cuyas empresas habrían sido beneficiadas con libramientos desde el Ministerio de Hacienda por más de 2,185 millones de pesos bajo el concepto de deuda administrativahabría entregado a la estructura de corrupcion 1.231.993.188,00 de pesos.
Ventura Rodriguez ha sido vinculado a varios casos de corrupcion de alto perfil, aunque no figura como acusado en el proceso seguido contra los exministros Gonzalo CastilloDonald Guerrero y José Ramón Peralta, entre otros exfuncionarios.
Por su parte, collie jimenez suscribió un acuerdo con el Ministerio Públicomediante el cual se le otorgó un criterio de oportunidad tras comprometerse a devolver al Estado 715 millones de pesos en efectivo y bienes inmuebles.
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Acusación contra el exdirector del CEA
En cuanto a Luis Miguel Piccirillola fiscal elvira rodriguez rechazó el alegato de su defensa de que los hechos no existieron y de que no hay pruebas en su contra.
Afirmó que existen evidencias sobre irregularidades en los procedimientos de pago de deuda publica y señaló que, en algunos casos, Piccirilo habría actuado simultáneamente como director del CEA y comprador de terrenos.
Según el Ministerio Públicovarios procesos se realizaron sin informes de agrimensores ni tasas formales, y sin observaciones del Departamento de Reconocimiento de Deuda. Algunos documentos, agregados, fueron redactados por el asistente del empresario y acusado Fernando Crisóstomo Herrerapresuntamente asesorado por Ángel Lockward. Crisóstomo Herrera también alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público.
Receso de la audiencia
La jueza Altagracia Ramírezdel Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que conoce el juicio preliminar, dispuso un receso de la audiencia hasta el viernes 6 de marzo.
La decisión se produjo luego de que el Ministerio Público concluyera sus réplicas a los argumentos de las defensas del exdirector de reconocimiento de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, y del contralor general de la República, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana.
En el caso de Gerbasi Fernández, el Ministerio Público presentó imágenes de un presunto soborno, lo que motivó un llamado de atencion por parte de la magistrada ramírezquien recordó que en esta etapa procesal no corresponde exhibir íntegramente los elementos probatorios ni realizar interrogatorios.
Respecto a Daniel Omar de Jesús. Caamaño Santanael Ministerio Público mantuvo que, en su condición de contralor general de la República, habría facilitado y aprobado libramientos de pago sustentados en documentos fraudulentos relacionados con cesiones de crédito y reconocimientos de deuda.
Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.
Periodista dominicana. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
