Guatemala está inmersa desde enero en un proceso para elegir a los miembros de las máximas instancias judiciales, lo que según el presidente socialdemócrata, Bernardo Arévalo, constituye una oportunidad para desarticular la corrupción conquistada en el sistema de justicia.
La reelección para la Corte de Constitucionalidad (CC) (2026-2031) se dio en medio de protestas frente al Congreso, custodiado por policías.
La sesión maratónica que inició el jueves y se prolongó por unas 15 horas, se vio empañada por forcejeos entre diputados y apagones de energía eléctrica.
La plenaria se ampliará en la madrugada del viernes para elegir al magistrado suplente.
Antes de la sesión plenaria, Arévalo pidió a los congresistas que rechazaran las «presiones externas».
El martes, dijo que pediría al Departamento de Estado de Estados Unidos que aclarara supuestas versiones de que ese país apoyaba a Molina Barreto.
La Corte de Constitucionalidad la integran diez magistrados, cinco titulares y cinco suplentes, designados por el Congreso, el gremio de abogados, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad Estatal y el presidente. Este último es el único que queda pendiente de nombrar a los elegidos.
Roberto Molina Barreto arrastra un legado cuestionado por haber beneficiado, en sus resoluciones, a grupos de poder durante sus tres magistraturas en la corte, cuyos fallos son inapelables.
En 2013 firmó la anulación, por errores procesales, de una sentencia de 80 años de cárcel contra el exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), condenado por genocidio de indígenas mayas durante la guerra.
También frenó la persecución penal contra presuntos narcotraficantes investigados por Estados Unidos y favoreció a Aldo Ochoa, alias «El Lobo», uno de los jefes de la pandilla Barrio 18, declarado terrorista por Washington.
«El Lobo» está acusado de auspiciar motines y una serie de ataques que dejaron 11 policías muertos el pasado 18 de enero y que forzaron a Arévalo a declarar el estado de excepción.
Además de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Fiscal General, se elegirán a jueces titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al jefe de la Contraloría.
