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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público reiteró este viernes en la audiencia preliminar ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que varios exministros habrían recaudado de forma ilegal fondos económicos para el financiamiento de la campaña política del entonces candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.
Durante su exposición ante el tribunal en sus argumentos en la fase de réplica, el órgano acusador sostuvo que parte de las pruebas presentadas revelan la realización de reuniones entre altos exfuncionarios en las que, según afirmó, se discutía la necesidad de buscar recursos para apoyar el proyecto político que encabezaba Castillo.
Entre las personas que, de acuerdo con el Ministerio Público, participaron en esos encuentros figuran el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; y el exministro de Hacienda, Simón Lizardo, junto a otros.
Los fiscales indicaron que en dichas reuniones se habría acordado que la forma de obtener los recursos sería mediante el uso de fondos públicos vinculados al pago de obras y servicios del Estado, utilizando procesos administrativos pendientes para movilizar esos recursos.
Según la acusación, el mecanismo consistía en identificar contratistas del Estado y adjudicarles obras o compromisos de pago, de manera que posteriormente estos generaran porcentajes o aportes económicos que serían destinados al financiamiento político.
En ese contexto, el Ministerio Público mencionó al ingeniero Bolívar Ventura como uno de los contratistas vinculados al esquema, señalando que su participación dentro de la presunta estructura será desarrollada con mayor detalle durante el proceso judicial, debido a los cuestionamientos que ha generado su rol dentro del expediente.
El órgano persecutor sostuvo que el origen de los hechos habría provocado pagos millonarios por parte del Estado, que según los cálculos presentados en audiencia ascienden a 41,185,964,839.76 pesos.
De ese monto, 20,281,133,589.11 pesos corresponden a pagos relacionados con expropiaciones y reconocimiento de deuda administrativa, mientras que 20,904,831,250.65 pesos estarían vinculados a líneas de crédito otorgadas a contratistas del Estado a través del Banco de Reservas, mecanismo que, según el Ministerio Público, permitió canalizar parte de los recursos dentro del alegado entramado de corrupción.
El proceso continúa en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde las partes seguirán presentando sus argumentos en el marco del conocimiento de la audiencia preliminar del caso.
