Las estafas inmobiliarias ya no son un problema penal o comercial, son un golpe directo a la marca país. En los últimos 12 meses, entre marzo de 2025 y marzo de 2026, se documentaron al menos 8 casos de alto perfil con pérdidas superiores a los 37 millones de dólares y más de 1.250 personas defraudadas.
La afectación recae de forma desproporcionada sobre dominicanos en el exterior, que concentran más del 80% de las víctimas en los principales casos, lo que convierte al problema local en una crisis de percepción internacional.
Lo más grave es que el daño reputacional no proviene solo del fraude, sino de la respuesta institucional. Cuando un proceso dura cuatro años o más, la justicia tarda tanto que puede parecer denegada, y eso agrava la desconfianza.
De acuerdo con una investigación realizada, ninguno de los ocho casos documentados había llegado a sentencia definitiva hasta este miércoles. También preocupa la percepción pública de que expedientes relevantes, al pasar por la Fiscalía del Distrito Nacional, terminaron sospechosamente archivados. Eso debería encender las alertas para la Procuraduría General de la República y determinar qué está ocurriendo.
