9.5 toneladas de cocaína incautadas en Puerto Multimodal Caucedo el 6 diciembre 2024.- (Foto: Fuente externa).-
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La procuradora fiscal Sourelly Jáquez informó este miércoles que el Ministerio Público presentó acusación formal en el caso vinculado al mayor decomiso de cocaína en la República Dominicana.
El proceso está relacionado con la incautación de 9.8 toneladas de la sustancia en el Puerto Multimodal Caucedo, en diciembre de 2024, que movilizaron aproximadamente cinco millones de dólares en criptoactivos y billeteras virtuales.
El expediente acusatorio fue depositado ante la Fiscalía de Santo Domingo Este, y se está a la espera de que sea fijada la audiencia preliminar.
Jáquez indicó que, junto al expediente acusatorio, los fiscales actuantes solicitaron que el proceso sea declarado como caso complejo, debido a la magnitud de la red criminal y la cantidad de imputados involucrados.
El órgano acusador promovió que unas 13 personas, incluyendo una empresa de transporte con sede en Boca Chica, forman parte de la supuesta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos, desmantelada en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).
Los imputados hijo José Nicolás Castillo Hart (a) “Nikito”; Winston Armando Tejera Rodríguez (a) “Barbikin”; Cristian Rayner Canela Aybar; Nelson Neftalí Mercedes Lugo; Dulvi Jesús De los Santos; Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito, designados como miembros clave de la red.
De acuerdo con el expediente, los señalados habrían violado los artículos 59, 60, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, relativos a asociación de malhechores, así como los artículos 58, 59, 60, 75 y 85 de la Ley 50-88 sobre Drogas Narcóticas, que sancionan el tráfico de drogas y su patrocinio.
Además, Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito enfrentan cargos por presunta violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas, así como el artículo 3 de la Ley 155-17 sobre lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
