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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público afirmó este miércoles que el órgano acusador espera sentencias ejemplares y no simbólicas en el juicio por presunta corrupción administrativa que se sigue contra los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y otros implicados en el caso Coral y Coral 5G.
“Esperamos que este caso cierre con sentencias que sean ejemplares y no simbólicas”, expresó Camacho al ser abordado por periodistas sobre el desarrollo del proceso que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El funcionario también se refirió a los planteamientos hechos por la defensa del imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez respecto al acuerdo de colaboración firmado con el Ministerio Público y aseguró que no existe ambigüedad sobre ese documento.
“Eso no pasa de una confusión”, sostuvo Camacho, al indicar que el acuerdo suscrito con Girón Jiménez está contenido en un documento que ya fue puesto a disposición del tribunal.
Explicó que el Ministerio Público ha cumplido con los términos pactados y que la defensa del procesado también debe respetar lo establecido en ese acuerdo.
Camacho señaló, además, que el acuerdo puede ser conocido de manera oral durante el juicio, debido a que el proceso penal dominicano es esencialmente oral aunque precisó que el documento fue depositado para mayor claridad del tribunal.
Asimismo, insistió en que las pruebas presentadas durante el proceso justifican el decomiso del dinero y de los bienes ocupados, por lo que el órgano acusador mantiene su petición en ese sentido.
“Lo que hemos presentado en el proceso justifica el decomiso de ese dinero y esperamos que el tribunal decomise ese dinero”, manifestó.
En sus conclusiones, el Ministerio Público solicitó en febrero pasado penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra los generales Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, así como contra el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
De igual forma, pidió 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos para Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
También solicitó 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos para varios de los acusados vinculados al entramado, así como 5 años de prisión para Raúl Alejandro Girón Jiménez, Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura, con distintas sanciones económicas.
De acuerdo con el Ministerio Público, la red desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G habría sustraído al Estado más de RD$4,500 millones.
La acusación sostiene que la estructura, encabezada presuntamente por Adán Cáceres Silvestre, estaba integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas, y operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Durante el proceso, el Ministerio Público presentó 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales.
Entre los bienes cuya confiscación se solicita figuran 214 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje, más de RD$28 millones y US$55 millones en efectivo, además de villas, casas, vehículos de lujo, armas de fuego, relojes y equipos electrónicos.
El órgano persecutor también pidió la disolución y sanción económica de varias empresas y entidades vinculadas al expediente, incluyendo la Iglesia Bautista Vida Eterna y varias razones sociales señaladas en la acusación.
