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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave presentado por el Ministerio Público en el juicio contra una presunta red integrada por generales, coroneles y civiles en perjuicio del Estado, solicitó este jueves al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que no le sea decomisada la suma de RD$7,800,000, al alegar que dichos fondos tienen un origen lícito, sustentado en un préstamo bancario.
Girón Jiménez hizo la petición a través de su abogado, Rubén Jean Carlos Martínez, quien también solicitó al tribunal que no acoja la multa de 200 salarios mínimos propuesta por el órgano acusador contra el militar delator.
El abogado explicó que dicho monto supera los RD$3 millones, calificándolo como desproporcionado y alegando que afectaría sus posibilidades de reinserción en la sociedad.
En ese sentido, Carlos Martínez sostuvo que a Girón Jiménez debe otorgársele el perdón judicial y ser eximido de cualquier sanción económica, en razón de su cooperación con los fiscales.
Para sustentar su petición, invocó los artículos 38, 55 y 74 de la Constitución dominicana, así como el artículo 346 del Código Procesal Penal.
El abogado advirtió que acoger las pretensiones del Ministerio Público implicaría imponer una doble carga pecuniaria al imputado, al enfrentarlo tanto al pago de una multa como al decomiso de sus bienes.
La defensa también solicitó la devolución de los pasaportes incautados a su defendido, argumentando que se trata de documentos personales que no forman parte de bienes sujetos a decomiso.
Durante un receso del juicio de fondo, que es conocido por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, defendió la validez del acuerdo alcanzado con Girón Jiménez.
Camacho afirmó que dicho convenio fue debidamente presentado al tribunal y que ellos han cumplido íntegramente con los términos establecidos.
En ese contexto, sostuvo que el decomiso de casi ocho millones de pesos está contemplado, justificado y debe ser acogido por el tribunal.
"El acuerdo que ha hecho el Ministerio Público con Raúl Alejandro Girón está firmado en un documento que hemos puesto a disposición del tribunal. No debe haber inconvenientes para que el proceso concluya conforme a esos términos, los cuales hemos cumplido al pie de la letra", expresó.
El procurador agregó que, conforme a lo presentado en el proceso, procede legalmente el decomiso del dinero en cuestión, al tiempo que reiteró la expectativa del órgano acusador de que el caso concluye con sentencias firmes y no simbólicas.
En este caso los principales acusados son al alcalde general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y el coronel Rafael Núñez de Aza, junto a otros oficiales y civiles, señalados por presuntamente integrar una red que habría distraído más de RD$4,500 millones mediante el uso irregular de instituciones como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística y el Cuerpo de Seguridad Presidencial.
Los implicados enfrentan cargos de asociación de malhechores, corrupción administrativa, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y estafa contra el Estado, en un esquema que presuntamente utilizaba fondos públicos para beneficios personales y adquisición de bienes.
ADDP/
