El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este jueves la existencia de un presunto esquema de corrupción en el Ministerio de Medio Ambienterelacionado con la emisión masiva e irregular de permisos ambientales.
La denuncia fue realizada durante una rueda de prensa y recogida en un documento oficial titulado Licencias y permisos preocupantes en el Ministerio de Medio Ambientesegún informó la organización en una nota de prensa.
La denuncia fue presentada por Dolores Abreusecretario de Medioambiente de la FP, quien acusó al ministro dolor henríquez de dirigir un modelo de gestión "distorsionado" y alejado de los principios establecidos en la Ley 64-00 sobre Medioambiente y Recursos Naturales.
Entre las acusaciones figuran la manipulación de cifrasel debilitamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental y la existencia de intermediarios que facilitarían licencias a cambio de pagos irregulares.
Uno de los puntos principales señalados por la Fuerza del Pueblo es la afirmación del ministro de haber aprobado más de 6.000 licencias ambientales en solitario 11 mesescifra calificada como "astronómica" e "inviable" por el equipo técnico del partido, que sostiene que el ministerio no cuenta con la capacidad técnica ni administrativa para tramitar tal volumen cumpliendo con el debido proceso.
Solicitudes de auditoría e investigaciones oficiales
La organización política también cuestionó la veracidad de los datos oficiales sobre cobertura boscosa mi importacion de maderacalificándolos como "inflados" o "fuera de contexto". Además, denunció el deterioro de las condiciones laborales de los guardaparques y el abandono institucional de las áreas protegidas.
Fuerza del Pueblo solicitó una auditoria forense a la Cámara de Cuentas y pedí la intervención de la Oficina de Ética e Integridad Gubernamental (OEIG) para investigar el proceso de otorgamiento de autorizaciones ambientales. También advirtió sobre un patrón similar al detectado en el caso de corrupción en SeNaSa, destapado por esa misma organización y actualmente bajo investigación judicial.
La nota concluye alertando que estas prácticas implican una degradación institucional que compromete la sostenibilidad ambiental del país y que, de comprobarse, afectarían seriamente la gobernabilidad y la credibilidad del sistema de protección de los recursos naturales.
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