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El tránsito en la República Dominicana parece haberse convertido en tierra de nadie, y una de sus expresiones más preocupantes es el comportamiento de una gran parte de los motociclistas en nuestras calles.
Conducir hoy en el país no solo exige prudencia, sino también paciencia y hasta resignación. A cualquier hora del día se repite el mismo escenario: motocicletas transitando en vía contraria, pasando semáforos en rojo, subiendo a las aceras como si fuera una extensión de la calle, circulando sin casco, sin seguro, sin licencia y muchas veces sin matrícula.
Pero el problema no termina ahí. A muchos conductores les ha tocado vivir la otra cara del desorden: retrovisores rotos, vehículos rayados, bompers golpeados y, en ocasiones, hasta cristales destruidos por maniobras irresponsables o por jóvenes que convierten las vías públicas en pistas para calibrar.
La verdad es que hemos llegado a un punto en el que el caos parece haberse normalizado.
Por supuesto, sería injusto medir a todos en el mismo saco. Existen motociclistas responsables, trabajadores que respetan las normas y que utilizan este medio de transporte para ganarse el sustento de manera digna. Pero también es cierto que una gran parte del desorden del tránsito tiene hoy como protagonista a la motocicleta.
Las cifras lo reflejan con crudeza. En una enorme proporción de los accidentes de tránsito en el país hay un automovilista involucrado. En muchos informes esa participación supera el 70 %. Y cuando uno visita las emergencias de los hospitales públicos, la escena habla por sí sola: camillas ocupadas por jóvenes accidentados, familias angustiadas y médicos tratando de salvar vidas que pudieron no haber estado en peligro si se hubiera respetado una simple norma de tránsito.
Aquí surge una pregunta que el país debería hacerse con seriedad: ¿cuánto le cuesta esta realidad al Estado dominicano?
Cada accidente representa ambulancias, atención médica, cirugías, medicamentos, hospitalización y rehabilitación. Son millones de pesos que salen del sistema de salud pública y que, en definitiva, pagamos todos los ciudadanos.
Mientras los hospitales reciben urgencias por estos accidentes y gastan gran parte de sus insumos en atenderlos, los recursos comienzan a escasear para tratar enfermedades naturales y también aquellas de carácter catastrófico.
Si las autoridades del sistema judicial asumieran el problema del tránsito con la misma prioridad con la que se enfrentan otros grandes desafíos nacionales, como la corrupción, seguramente el país comenzaría a ver cambios reales.
El problema del tránsito no es solo de educación vial. También es un problema de autoridad, de cumplimiento de la ley y de consecuencias para quienes la violan.
No podemos seguir tolerando que las calles funcionen sin reglas. Las leyes existen, pero sin aplicación efectiva se convierten en simple papel.
El país necesita tomar decisiones firmes antes de que el caos sea irreversible.
Porque mientras el desorden sigue creciendo y nadie haga nada, la pregunta seguirá golpeando la conciencia de todos:
¿A dónde llegaremos con los motociclistas?
Por Félix Correa
