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La minería, como toda actividad económica de alto impacto, es un espejo incómodo: refleja tanto nuestras posibilidades de desarrollo como nuestras fallas institucionales más persistentes. Allí donde se extraen recursos, también se exponen las costuras del Estado, la fragilidad de la supervisión y, sobre todo, el valor real que como sociedad otorgamos a la vida humana.
Negarlo sería un irresponsable.
Los recientes episodios trágicos vinculados a operaciones extractivas, especialmente en escenarios informales o de baja regulación, han reavivado un debate necesario. Pero ese debate no puede quedarse en la superficie emocional ni en la tentación de convertir un sector completo en símbolo de negligencia colectiva. Porque cuando la discusión se reduce a condenas generales, el país pierde la oportunidad de hacer lo único verdaderamente útil: corregir, fortalecer y transformar.
Un sector que no es monolítico
Hablar de minería dominicana como si se tratara de una sola realidad uniforme es un error conceptual. En el país conviven dos mundos profundamente distintos:
- una minería industrial sometida a estándares internacionales, auditorías, certificaciones y compromisos ambientales;
- y una minería artesanal o informal, muchas veces al margen de la legalidad, donde el riesgo se multiplica y la supervisión estatal suele llegar tarde o no llegar.
Confundir ambas es tan injusto como improductivo.
La minería formal, perfectible, como toda industria, genera empleo, aporta al fisco, dinamiza territorios y puede operar bajo marcos modernos de sostenibilidad. Pero también carga con el peso reputacional de lo que ocurre en espacios donde precisamente lo que falta es institucionalidad.
El problema, entonces, no es únicamente “la minería”. El problema es la informalidad tolerada, la fiscalización intermitente y la ausencia de consecuencias.
La seguridad laboral no es retórica: es diseño y cumplimiento
República Dominicana no parte de un vacío normativo. Existen disposiciones específicas, protocolos y marcos regulatorios que, en teoría, deben impedir que el trabajo minero se convierta en una regla mortal.
Sin embargo, la distancia entre la norma escrita y la norma aplicada sigue siendo una de nuestras tragedias estructurales.
El país necesita comprender algo esencial: la seguridad laboral no depende del voluntarismo empresarial ni de la indignación pública momentánea. Depende del diseño institucional permanente y del cumplimiento obligatorio.
Y eso implica:
- inspecciones técnicas reales, no simbólicas;
- cuerpos especializados en seguridad minera;
- cierre efectivo de operaciones clandestinas;
- sanciones proporcionales cuando se violan protocolos;
- y un sistema judicial que no diluya responsabilidades en laberintos interminables.
La vida no puede quedar atrapada entre permisos ambiguos y competencias dispersas.
Desarrollo sí, pero con reglas claras
Dicho esto, debo necesariamente decir, que el dilema no es minería versus vida. El dilema es mucho más serio: desarrollo con gobernanza o desarrollo sin control.
Un país que aspira a crecer no puede renunciar a sectores productivos estratégicos. Pero tampoco puede permitir que ese crecimiento se construya sobre el sacrificio de trabajadores invisibles, ni sobre prácticas informales que normalizan el riesgo como parte del oficio.
La discusión madura no es si debemos tener minería, sino qué tipo de minería estamos dispuestos a permitir, bajo qué controles, con qué supervisión y con qué consecuencias.
Una oportunidad para elevar el estándar nacional.
Quizás el mayor riesgo de estas tragedias no sea únicamente la pérdida irreparable de vidas, sino que volvamos, como tantas veces, a la indignación fugaz seguida del olvido programado.
Este es el momento para algo distinto.
Una agenda seria debería incluir:
1. Formalización gradual pero obligatoria de la minería artesanal.
2. Registro nacional y trazabilidad de operaciones extractivas.
3. Fiscalización preventiva, no reactiva.
4. Educación técnica y certificación laboral para trabajadores del sector.
5. Responsabilidad penal y administrativa clara para quienes incumplen.
6. Participación comunitaria y transparencia en las concesiones.
Porque un país que regula con firmeza no frena el desarrollo: lo hace sostenible.
La minería como prueba de madurez institucional
La minería no es solo extracción de minerales. Es una prueba nacional: de nuestro Estado, de nuestra capacidad regulatoria, de nuestra ética pública y de nuestro compromiso con el trabajo digno.
Podemos elegir el camino fácil: convertir el tema en consigna, en culpables abstractos y en titulares repetidos.
O podemos elegir el camino difícil, que es el único que salva vidas: instituciones fuertes, reglas claras y responsabilidad real.
En esa ruta, el sector minero formal no debe ser demonizado, sino exigido. Y el Estado no debe ser espectador, sino garantía.
Porque al final, el verdadero brillo que una nación debería perseguir no está en el oro ni en el ámbar, sino en la capacidad de proteger a su gente mientras construye progreso.
Porque la verdadera discusión no es si la minería debe existir, sino si como país estamos dispuestos a dejar de convivir con la tragedia como si fuera parte del paisaje productivo. Una nación seria no negocia la vida de sus trabajadores, no administra el riesgo como costumbre, ni convierte las muertes evitables en estadísticas pasajeras. El desarrollo auténtico no se mide solo en exportaciones o ingresos fiscales, sino en la capacidad de construir riqueza sin sacrificar dignidad. Y ahí, en esa frontera moral, la minería dominicana, y con ella, el Estado, las empresas y la sociedad, tiene hoy una oportunidad histórica: demostrar que el progreso no se extrae de la tierra, se diseña con responsabilidad.
Por Mavelin Ramírez
La autora es Project Manager, Especialista en Gestión Humana, Desarrollo Organizacional y Direccionamiento Estratégico en la Gestión Empresarial, Docente Universitaria, Comunicadora.
