SANTO DOMINGO.-Aunque el procedimiento para el levantamiento de un impedimento de salida en República Dominicana luce sencillo, en la práctica se ha convertido en un viacrucis en el camino de viabilizar el derecho de movilidad de muchos, de conformidad a las normas vigentes en el país.
Cientos de dominicanos y extranjeros llevan semanas y meses procurando viajar a diferentes destinos del exterior, pero se encuentran varados debido a que no cuentan con la autorización, a pesar de que disponen de sentencias de tribunales disponiendo la libre circulación, un derecho fundamental que consagra la Constitución dominicana.
La traba principal está en la Procuraduría General de la República, donde se ha incubado un alto nivel de discrecionalidad al momento de expedir la documentación correspondiente para que las autoridades migratorias permitan que una persona pueda salir del territorio dominicano, tras disponer de la sentencia que ordena el levantamiento del impedimento de salida.
El trámite, de acuerdo con conocedores de la materia, puede llevarse a cabo en horas, pero que si no existe voluntad de procesar determinados expedientes, éstos quedan engavetados, al margen de las diligencias burocráticas de los interesados.
La peor parte
La situación impacta con mayor crudeza a aquellos que tienen previsto iniciar o están en tratamientos médicos en el exterior, especialmente en centros de salud de los Estados Unidos. El número de afectados se ha incrementado desde el 2020, año en que la Procuraduría General de la República puso en marcha un plan de lucha contra la corrupción administrativa, que ha llevado a los tribunales a cientos de exfuncionarios y familiares, empresarios y otros particulares.
La mayoría de los procesados son dirigentes o allegados al opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Buena parte de los imputados en los expedientes, quienes han logrado sentencias que les han permitido el levantamiento de los impedimentos de salida, siguen a la espera de la resolución de la problemática que condiciona su movilidad.
Profesionales del derecho que ejercen en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo confirmaron a EL DÍA que se trata de una situación que empaña la institucionalidad democrática en el país. “Mientras esto persista, no se puede hablar con propiedad de que la República Dominicana constituye un Estado social y democrático de derecho fundamentado en la dignidad de las personas”, dijo uno de los juristas consultados, pero que pidió mantenerse en anonimato.
El Poder Judicial ha debido pronunciarse en torno al irrespeto a sentencias que ordenen el levantamiento de impedimentos de salida del país.
pasos levantando
Se necesita una instancia dirigida al procurador general de la República solicitando el levantamiento o la Dirección General de Migración, en que se incluya copia de la cédula o pasaporte del interesado; original o copia certificada de la sentencia o resolución que ordene el cese de la medida de coerción, certificación de no recurso y de no estado de rebeldía, si aplica. Entregar la documentación en el Departamento de Impedimento de Salida de la Procuraduría General de la República.
Si el impedimento es por manutención, se requiere presentar una garantía real o personal y estar al día con los pagos. Una vez aprobada, se notifica a las entidades correspondientes para actualizar la lista de personas con prohibición de viaje.
las alertas
A la situación de las trabas relacionadas con el levantamiento de los impedimentos de salida, se agrega a los problemas que enfrentan los ciudadanos con las alertas migratorias, que también representan limitaciones a la libertad de movilidad.
Medida
— Precaución
Los impedimentos de salida del país se establecen como una medida de coerción a fin de garantizar imputados comparezcan ante la justicia, evitando el peligro de fuga u obstrucción a investigación.
El respeto a la movilidad es la regla.
Igualdad. En República Dominicana, la libertad de tránsito es un derecho fundamental establecido en la Constitución y, como tal, constituye una responsabilidad que el Estado tiene que garantizar bajo cualquier circunstancia en favor de las personas.
Ninguna persona debería ser hostigada ni molestada, excepto por causas justificadas, al momento de movilizarse por cualquier parte del territorio nacional, que también incluye salir o entrar por algún puerto o aeropuerto del país.
En los tribunales son frecuentes los casos de este tipo.
No obstante, se producen quejas o denuncias de personas respecto a inconvenientes que enfrentan cuando viajan, debido a las odiosas e ilegales alertas migratorias, sin que existan razones para que esto ocurra en terminales portuarias o aeroportuarias del país.
