La brutal muerte de unos 15.000 perros callejeros en una perrera privada en Rumanía ha sacudido al país balcánico. EFE/Justicia para los Animales
Leer resumen de la noticia (IA) HAGA CLIC AQUÍ
Analizando noticia… por favor espera.
BUCAREST.— La brutal muerte de unos 15.000 perros callejeros en una perrera privada de Rumanía en apenas dos años ha conmocionado al país balcánico, al tiempo que exponen prácticas de crueldad extrema y posibles irregularidades en el uso de recursos públicos. El caso revive un problema estructural: en los últimos 25 años, alrededor de 1,5 millones de animales han sido sacrificados.
El escándalo vuelve a colocar en el centro del debate una crisis arrastrada desde la era comunista (1945-1989), cuando la demolición de barrios completos dejó millas de animales abandonados. Desde entonces, la población de perros callejeros ha crecido sin control, pese a múltiples campañas de captura, esterilización y sacrificio.
Actualmente, se estima que cerca de medio millón de perros sin dueño deambulan por el país, evidenciando el fracaso de las políticas públicas implementadas durante décadas.
Indignación por imágenes de maltrato
La indignación más reciente estalló tras la difusión en redes sociales de impactantes imágenes grabadas en un centro ubicado en Suraia, en el este del país. Los videos muestran actos de violencia extrema: animales torturados, abandonados y dejados agonizar hasta morir.
En Rumanía, el maltrato o la muerte intencional de animales puede ser castigado con penas de hasta siete años de prisión. Mientras avanzan las investigaciones policiales, la perrera implicada ya fue clausurada.
La reacción ciudadana no se ha hecho esperar. Más de 200.000 personas han firmado una petición que exige el fin de las matanzas en estos centros.
Un negocio bajo sospecha
La instalación denunciada habría firmado más de un centenar de contratos con municipios de todo el país para recoger perros callejeros. Sin embargo, con el objetivo de mantener la capacidad operativa, sacrificaba hasta el 80 % de los animales en poco tiempo, pese a que la legislación prohíbe esta práctica en centros privados.
Activistas, políticos y organizaciones defensoras de animales advierten que este no es un caso aislado, sino el reflejo de un sistema que, durante años, habría incentivado económicamente el sacrificio de animales.
El modelo actual, basado en refugios públicos y subcontrataciones privadas, mueve decenas de millones de euros anuales, lo que incrementa las sospechas sobre posibles intereses económicos detrás de las matanzas.
Informe revela graves irregularidades
Un informe parlamentario elaborado por la diputada independiente Aurora Tasica Simu denuncia serias irregularidades en la gestión de estos centros, incluyendo maltratos, negligencia y posibles abusos por parte de autoridades locales.
El documento, presentado tras varias inspecciones, describe condiciones deplorables: perros en estado de desnutrición extrema, cachorros abandonados sin agua y entornos insalubres.
Según el informe, en los últimos 25 años se habrían destinado más de 1.000 millones de euros al sacrificio de aproximadamente 1,5 millones de perros, lo que equivale a casi siete muertes por hora. Con esos recursos, sostiene, habría sido posible esterilizar hasta 25 millones de animales.
Para la legisladora, el sistema ha fomentado una lógica perversa basada en capturar y sacrificar, en lugar de prevenir.
Leyes ignoradas y falta de control
La normativa rumana establece que los perros callejeros deben ser recogidos por los municipios, trasladados a refugios, identificados, esterilizados, vacunados y, en lo posible, devueltos a sus dueños o dados en adopción.
El sacrificio debe ser la última opción, tras un plazo mínimo de 14 días en el que los animales pueden ser reclamados o adoptados, y solo si no existen recursos suficientes para mantenerlos.
No obstante, los activistas denuncian que estas disposiciones se incumplen de manera sistemática.
Esterilización como única solución sostenible
Organizaciones defensoras de animales coinciden en que la solución pasa por campañas masivas de esterilización y registro, en lugar de políticas de exterminio.
Ioana Cosma, presidenta de la Asociación Justicia para los Animales, advierte sobre los abusos generalizados y exige controles estrictos en los refugios, así como el reemplazo de la eutanasia por programas preventivos.
En la misma línea, la activista Andra Darau, de la asociación Kola Kariola, sostiene que la clave está en una estrategia sostenida: esterilización, identificación mediante microchip y educación contra el abandono.
Según expertos, si se implementan estas medidas de forma efectiva, el problema podría desaparecer en un plazo máximo de seis años.
Voluntariado y esperanza
Frente a este panorama, voluntarios y rescatistas continúan trabajando para salvar vidas. Casos como el de Gabriela Grecu demuestran que existen alternativas: desde 2013 ha rescatado a más de 120 perros, logrando encontrarles hogar a muchos de ellos.
Las redes sociales, aseguran, también juegan un papel crucial para facilitar la adopción y concienciar a la población.
Mientras tanto, la presión social crece y las autoridades enfrentan el desafío de reformar un sistema cuestionado, en medio de un escándalo que ha puesto en evidencia la cara más oscura del manejo de animales en Rumanía.
