Según se refiere la norma, la decisión responde al “estado avanzado del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo ya la implementación de compromisos de tránsito a la paz ya la vida civil de sus integrantes para su sometimiento a la justicia”.
Detalla el documento que la delimitación geográfica de las zonas referidas se mantendrá en secreto y será objeto de verificaciones de las autoridades competentes.
Por otra parte, el Gobierno se compromete a adoptar las medidas necesarias y eficaces para brindar la seguridad humana y jurídica necesaria durante el transcurso del desplazamiento de los integrantes del EGC hacia los sitios de ubicación temporal, así como para garantizar la protección de los derechos de la población civil.
Para poder avanzar en los procesos, establece la Resolución que dentro de cada una de las zonas quedan suspendidas la ejecución de las órdenes de captura con multas de extradición, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas de quienes allí se congregan.
Con respecto a las víctimas de ese grupo armado, se avanzan que se dictaminarán las condiciones progresivas para contribuir tempranamente a la satisfacción de estas.
La norma determina que “la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), como integrante de un mecanismo tripartito, se encarará del seguimiento, monitoreo y verificación de las Zonas de Ubicación Temporal para la ubicación gradual y progresiva de los combatientes”.
Las ZUT a las que llegarán los miembros del EGC de forma gradual y progresiva, estarán enclavadas hasta el 31 de diciembre de 2026 en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó (noroeste); y en Tierralta, Córdoba (norte), se estipula además la resolución.
En septiembre pasado, el Gobierno de Colombia y el EGC, también conocido como Clan del Golfo, comenzaron de manera oficial negociaciones de paz en Doha, Qatar.
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