Del total, 377 guardan relaciones con temas de seguridad, 139 vinculadas al incumplimiento del derecho a la igualdad, a la salud (102), educación (91), libertad personal (83) e integridad personal (63), detalló un reporte del diario Prensa Libre.
Otras denuncias están vinculadas al acceso a la información (26), identidad personal (24), alimentación (21), ambiente sano y seguro (20), nacionalidad (14), debido proceso (12), transporte (seis), vida (cuatro), seguridad social (tres), derechos de los consumidores (uno) y libertad de expresión (uno), agregó.
Según la PDH, el año pasado migrantes deportados describieron cómo eran víctimas de “taxis piratas”, los cuales se estacionan en los afueras del Centro de Recepción, en la capitalina Fuerza Aérea.
“El denunciante considera que los coyotes se comunican con los taxistas para buscar o retener a las personas retornadas porque, según ellos, tienen suficiente dinero o bien para exigirles un pago”, precisó la entidad.
Otras denuncias tienen que ver con taxistas que perseguían a los autobuses que el Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua) utilizaba para trasladar a los regresados hacia las terminales de transporte extraurbano, y al descender los abordaban.
Debido a los asaltos en taxis al salir del centro de recepción en la zona 13 y buscar transporte para volver a sus hogares de origen, desde mediados del 2021 esa entidad les proporciona transporte terrestre, descrita.
El secretario ejecutivo de la Conamigua, Raúl Eduardo Berríos, acotó que el apoyo lo hacen en tres vías: entrega de boletos para trasladarse a Huehuetenango, San Marcos y Quiché.
También alquilan vehículos de pasajeros para transportarlos y, por otro lado, tienen dos autobuses para movilizar a unas 90 personas que necesitan viajar a comunidades bastante retiradas de la capital.
Mencionó denuncias de personas venezolanas indocumentadas en tránsito que el año pasado se movilizaron por Esquipulas, Chiquimula, y los abordaron agentes de la Policía Nacional Civil al carecer de identificación oficial.
Sin embargo, los ciudadanos grabaron el momento y señalaron a los uniformados como delincuentes.
Asimismo, se refirió a algunos ya en la urbe de los cuales intentaron aprovecharse a través de intimidación o extorsión.
Incluyó la posible vulneración de derechos humanos de las familias mexicanas que huyeron de su país por temas de violencia y que se refugiaron en Huehuetenango.
La mayoría de las quejas que recibió la PDH, de acuerdo con el texto, son de personas provenientes de Honduras, Nicaragua, Venezuela y Ecuador, y en menor medida originarios de India y de naciones africanas.
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