SANTO DOMINGO.- Durante años, la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro ha sido resumida en una fórmula repetida: narcotráfico, FARC y Cartel de los Soles, pero el expediente judicial al que tuvo acceso El Nuevo Diario contiene una serie de detalles operativos y decisiones internas que permiten reconstruir, según la fiscalía, el funcionamiento interno de una estructura criminal incrustada en el poder del Estado venezolano.
La acusación estadounidense describe una empresa criminal de largo aliento, con métodos estables, tarifas definidas, uso de infraestructura pública y capacidad para absorber crisis sin colapsar.
Pasaportes diplomáticos para blindar el narcotráfico
Uno de los aspectos más delicados del expediente es el uso del aparato diplomático como herramienta operativa. La fiscalía sostiene que pasaportes diplomáticos venezolanos fueron entregados a personas identificadas como narcotraficantes para facilitar su movilidad internacional y evitar controles.
En un episodio concreto, la acusación afirma que Maduro habría contactado directamente a la embajada de Venezuela en México para anunciar sobre la llegada de una supuesta misión diplomática en un avión privado. El vuelo, según el expediente, tenía como finalidad trasladar a Venezuela grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico, bajo cobertura oficial, sin inspección aduanera.
Este señalamiento no solo implica corrupción, sino la conversión de la diplomacia en un mecanismo de lavado y transporte de capitales ilícitos.
Sobornos con tarifa fija
Lejos de describir pagos improvisados, la acusación dibuja un sistema con reglas claras. Se mencionan pagos periódicos a funcionarios de seguridad y un esquema adicional de cobros por cada operación exitosa.
Según la fiscalía, se exigían pagos mensuales para mantener la protección general del sistema y montos adicionales de aproximadamente 100 mil dólares por cada vuelo cargado con cocaína que despegaba sin contratiempos. Este esquema incluía, según el expediente, la participación de altos niveles del poder político, lo que habría garantizado que los acuerdos se respetarán incluso tras decomisos en el extranjero.
Según Estados Unidos, el negocio continuaba aunque hubiera pérdidas, siempre que se mantuviera el flujo de pagos.
Arrestos como estrategia de control de daños
Uno de los elementos menos abordados públicamente es la forma en que, según la acusación, el poder respondía a las crisis. Tras incautaciones internacionales de drogas vinculadas a Venezuela, el expediente sostiene que se ordenaban arrestos de militares de rangos medios o bajos.
Estas detenciones, de acuerdo con la fiscalía, no buscaban desmantelar redes, sino crear la apariencia de cooperación antidrogas y absorber la presión mediática y judicial. La estructura superior, según el documento, permanecía intacta mientras se ofrecían “responsables” a la opinión pública.
El uso de detenciones selectivas como herramienta de gestión política y criminal se presenta como un patrón, no como una excepción.
PDVSA, más allá del petróleo
La Acusación introduce un elemento que ha pasado casi desapercibido: el uso de aeronaves asociadas a Petróleos de Venezuela (PDVSA) para operaciones ilícitas. El expediente menciona un jet Falcon 900 que, según testigos cooperantes, estaba cargado con paquetes identificados como cocaína antes de despegar.
El hecho de que una empresa estatal clave aparezca mencionada no como contexto, sino como parte de la logística, amplía el alcance del caso más allá del ámbito militar o policial. Según la fiscalía, se trata de la utilización directa de activos estatales para multas criminales.
Tráfico a escala industrial: contenedores y puertos
Mientras la narrativa pública suele centrarse en aviones y lanchas rápidas, la acusación describe operaciones marítimas de gran volumen; se mencionan contenedores que transportaban entre cinco y seis toneladas de cocaína, y en algunos casos hasta 20 toneladas, saliendo de puertos venezolanos con destino a México.
Este método, según la fiscalía, requiere control portuario, coordinación logística y protección armada, lo que refuerza la tesis de una estructura con capacidad industrial y respaldo institucional.
Colectivos: de fuerza política a engranaje operativo
Uno de los pasajes más sensibles del expediente es la referencia directa a los colectivos armados, la acusación los describe como grupos patrocinados por el Estado que habrían servido para proteger cargamentos, controlar territorios y ejercer violencia contra rivales o disidentes.
Según la fiscalía, su rol no era marginal ni espontáneo, sino funcional dentro del sistema de tráfico de drogas, lo que añade una dimensión criminal a estructuras que tradicionalmente han sido analizadas solo desde el ángulo político.
Empresa criminal que se convirtió en sistema
Finalmente, la acusación revela que el tráfico descrito no se concebía como una actividad coyuntural. Según reuniones documentadas por cooperantes, se discutió un plan con proyección de varios años, que incluía el envío continuo de cocaína y armas, y el pago a grupos armados mediante armamento en lugar de dinero.
Este horizonte temporal es clave para entender por qué la fiscalía insiste en el concepto de empresa criminal continua: no se trataba de aprovechar oportunidades aisladas, sino de sostener un sistema.
