El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pedí este martes a Salvador revisar la cadena perpetua aprobado para menores que cometan asesinatos, violaciones o participen en "terrorismo", al considerar que vulnera los derechos de la niñez.
el congreso salvadoreñocontrolado por el oficialismo, modificó la ley penal juvenil para aplicar ese castigo a los menores de 18 años, como parte de un endurecimiento de la política de seguridad del Presidente Nayib Bukele.
"Instamos a las autoridades de Salvador a revisar con prontitud los preocupantes cambios constitucionales y legales (…) que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos", dijo en un comunicado Marta Hurtadoportavoz de la OACNUDH.
Hurtado recordado que, tras esos cambios, los casos de menores condenados a cadena perpetua serán "revisados únicamente cuando hayan cumplido 25 años de detención", lo que contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño que exige priorizar "su rehabilitación y reintegración".
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Medidas y críticas a la política de seguridad de Bukele
Bukele respondió a la funcionaria en la X social roja que recomendaciones similares de Naciones Unidas provocaron que las pandillas reclutaran a jóvenes con una ley "que prácticamente daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años".
El pasado 17 de marzopor propuesta de Bukelela Asamblea Legislativa aprobado como pena máxima -anteriormente de 60 años- la prisión perpetua para adultos "asesinos, violadores o terroristas", y luego inclusión a los menores de edad.
el Comité de los Derechos del Niño y Unicef señalaron el viernes que la reforma es contraria a los "principios consagrados" en la Convención, de la que Salvador es parte, y advirtieron que la detención es "perjudicial para los adolescentes" y "altamente costosa e ineficaz para prevenir el delito".
La política de seguridad Delaware Bukele reducción a mínimos históricos los homicidios en el país, pero es criticada por organizaciones de derechos humanos y juristas que señalan "crímenes de lesa humanidad" en esa ofensiva.
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