Miguel Surún Hernández. (Ilustración: El Nuevo Diario)
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El abogado y dirigente de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, Miguel Surún Hernández, calificó como “contraria a los intereses de la administración de justicia” la decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que rechazó este miércoles un recurso de apelación interpuesto en el caso de presunto desfalco a Senasa.
Surún Hernández se expresó en esos términos a su salida del tribunal, luego de que la corte mantuviera las medidas impuestas a los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes cumplen arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
El jurista sostuvo que con esta decisión se dio “preeminencia a la impunidad” a favor de tres empresarios que, según afirmó, habrían recibido de manera conjunta unos 16 mil millones de pesos en el referido desfalco. “Respetamos la decisión, pero es una decisión que favorece la impunidad”, afirmó.
Asimismo, denunció que previo al fallo algunos de los imputados mostraron gestos de confianza sobre el resultado del proceso, lo que a su juicio envía un mensaje negativo a la sociedad dominicana. “Hoy pueden decir que pueden burlarse impunemente y que existen vacas sagradas en la República Dominicana por su posición económica y poder político”, expresó.
Surún Hernández mencionó de manera particular a Eduardo Ríos Estrella, a quien señaló como uno de los principales beneficiarios del caso, afirmando que habría recibido cerca de 10 mil millones de pesos, según sus declaraciones.
El abogado anunció que recurrirá la decisión ante la Suprema Corte de Justicia, al considerar que el fallo es “inconstitucional y abusivo”, al limitar, según dijo, el derecho de la víctima a recurrir en apelación ya solicitar prisión preventiva contra los principales beneficiarios del proceso.
Finalmente, afirmó que continuará accionando por todas las vías legales y ciudadanas disponibles, al entender que este caso debe sentar un precedente en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el sistema de seguridad social.
