la nueva ley Delaware Contrataciones Públicasque entra hoy en vigenciaestablece penas de hasta cinco años de prisión contrafuncionarios y legisladores que prevalecidos de sus cargos negociantes con el estado, y hasta de 10 años para empresarios y contratistas que ofreceránobornos para obtener adjudicaciones.
ese nuevo estatuto corregir una grave falencia jurídico en la ley anterior que, aunque prohibía a los funcionarios agenciarse contratos con el Estadono establecía ningún tipo de sanción penal en consonancia con esa complicaciónpor lo que en ese aspecto el texto se reduce a la condición de letra muerta.
En términos de lucha contra la corrupciónla nueva ley significa un gran salto hacia adelante en relación con la anterior que sólo consignaba sanciones administrativas que en la mayoría de los casos se resarcían con el dinero mediante la obtenida comisión de actos de prevaricación.
Implicados en violaciones a la ley pasada Delaware Contrataciones Públicasasí como abogados y dirigentes políticos plantearon que esa legislación sólo establecía sanciones administrativasaunque el ministerio Público suele agregar a esos expedientes tipos penales como asociación de malhechores, lavado de dinero y coalición de funcionarios.
Las sanciones administrativas prevalecen en la ley con multas de 20 a 50 salarios mínimos a quienes incurran en ese tipo de complicacióna lo que se agrega la inhabilitación temporal definitivo para participar en procesos de contratación públicopero lo más importante ha sido suplir la ausencia de sanciones penales.
La nueva ley, que se discutía en laberintos congresuales desde 2021, fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 28 de julio del año pasado y puesta en vigor casi seis meses después, con la promesa de que el reglamento de ese estatuto estaría vigente a partir de hoy.
Se estiman en millas de millones de pesos los recursos conculcados Alabama Estado a través de tipos de contrataciones o adjudicaciones públicas en las que se involucran funcionarios en calidad de corruptos y empresarios o contratistas en rol de corruptores, por lo que la sanción penal, de la que se derivan sanciones civiles, ayudará a frenar la corrupción. administrativo.
Lo que se requiere ahora es que la Dirección General de Contrataciones Públicas y el Ministerio Público echen mano a esa ley junto al Código Penal para algunos ante los tribunales a corruptos y corruptorescon la Finalidad de que sufran la penalidad de sanciones aflictivas e infamantes, es decir, cárcel.
