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Cuando el Estado certifica el fraude
En la historia rusa se cuenta que el general Grigori Potemkin mandó a construir fachadas de aldeas falsas, hermosas pero huecas, para impresionar a la emperatriz Catalina la Grande durante su viaje a Crimea. Lo que la soberana veía desde lejos era prosperidad; lo que había detrás era cartón y miseria. Hoy, lamentablemente, las inversiones en el mercado inmobiliario de la República Dominicana se están convirtiendo en nuestra propia «Villa Potemkin»: un escenario donde las inversiones se presentan bajo fachadas de legalidad, pero se revelan como espejismos diseñados por «alquimistas» del fraude.
El reportaje de la periodista Julissa Céspedes de este domingo 8 de febrero ha vuelto a colocar en la palestra pública una realidad que lleva años denunciándose. Puede que creas que tienes en mano un título original, pero que se trate de una ilusión o, peor aún, que ese terreno que consideras tuyo se haya registrado en provecho de otra persona sin que te hubieras dado cuenta.
En mi experiencia profesional, pudo constatar en diversos procesos un esquema que opera bajo una sofisticación aterradora. No se trata de simples fotocopias; el fraude ha evolucionado a la falsificación de títulos utilizando el papel de seguridad original. Estos documentos cuentan con hilos de seda, marcas de agua y mecanismos diseñados precisamente para evitar reproducciones no autorizadas, insumos que solo deben estar bajo la custodia del Registro de Títulos.
Este crimen perfecto ocurre bajo dos mecanismos principales: 1) mediante la entrega de un duplicado del título original, obtenido sin que haya sido solicitado por el dueño legítimo, y 2) a través de un título falsificado donde la alteración se limita a detalles mínimos del contenido oa la falsificación quirúrgica de la firma del registrador. Es, en esencia, una mentira auténtica escrita en el papel de la verdad.
Por su parte, el reportaje de Céspedes revela el engranaje humano detrás de esta «maquinaria del lodo». Se exponen redes integradas por abogados, agrimensores, notarios y personal institucional que manipulan procesos judiciales mediante ventas ficticias, saneamientos irregulares o deudas simuladas. Casos como el de la señora Eunice Altagracia son ejemplos de una red que se extiende por todo el territorio nacional, por igual, vale recordar los casos en Higüey y Las Terrenas, donde inversores extranjeros han sido despojados de sus capitales sin siquiera advertirlo.
Esta realidad destruye nuestra credibilidad internacional. En un mundo donde la prevención de inversiones exige de riesgos extremos, que la estafa inmobiliaria sea un «oficio rentable» nos deja mal parados. Nadie invierte donde la propiedad privada es un castillo de arena.
Nuestra Constitución es clara en su artículo 146, al proscribir la corrupción y sancionar a quien obtenga beneficio económico prevaleciéndose de su posición en los órganos del Estado. Es responsabilidad del Ministerio Público, conforme al artículo 169 de la Carta Magna, dirigir la investigación y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. Según el nuevo Código Procesal Penal (Ley 97-25), la acción pública es obligatoria y el interés público está gravemente comprometido cuando la estafa afecta el sistema financiero o se vincula al crimen organizado.
Sin embargo, estos esquemas prosperan debido a la inercia de los organismos encargados de la persecución de la criminalidad económica. Pareciera que solo importan los casos de corrupción administrativa que generan titulares extravagantes.
La realidad en las fiscalías que trabajan delitos contra la propiedad y falsificación es preocupante: las víctimas son sometidas a incontables citas de conciliación ya la dejadez en la realización de experticias, extendiendo los procesos por años. Que no sorprende a nadie un dictamen de archivo definitivo sin que se realicen diligencias mínimas de investigación, favoreciendo directa o indirectamente a los estafadores.
La sociedad dominicana no puede permitir que su patrimonio sea el laboratorio de estos alquimistas de la falsedad. No bastan los reportajes valientes; se requiere que el Ministerio Público no dé respuestas defectuosas ni engavete expedientes. Un país que no garantiza la integridad de sus títulos de propiedad es una nación sin cimientos, condenada a ver cómo el futuro de su gente se borra bajo el raspado de la impunidad.
Por Miguel Valdemar Díaz
