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Quitarle un 50% de los recursos a los partidos políticos no solo es correcto, es necesario. En medio de una crisis internacional que amenaza con golpear la economía dominicana, reducir el financiamiento público a estructuras partidarias sobredimensionadas, opacas y poco fiscalizadas no debería siquiera ser un debate. Debería ser una obligación.
No estamos en un año electoral. No existe razón válida para que los partidos continúen recibiendo fondos como si el país estuviera en campaña permanente. Mucho menos cuando durante años han administrado millas de millones de pesos del contribuyente sin que la sociedad dominicana tenga claridad real sobre el destino de esos recursos.
Ahí está el fondo del problema.
En República Dominicana los partidos han sido financiados con dinero público bajo el argumento de fortalecer la democracia, institucionalizar la vida política y garantizar mayor equidad en la competencia electoral. En teoría suena bien. En la práctica, ha servido para sostener estructuras cerradas, poco transparentes y cada vez más alejadas de la ciudadanía.
Los partidos nunca han explicado con claridad qué hacen con ese dinero. No existe una cultura real de rendición de cuentas sobre esos fondos. No hay trazabilidad suficiente ni mecanismos eficaces para que el ciudadano sepa en qué se invierte el dinero que venta de sus impuestos para sostener estructuras políticas que, en muchos casos, solo se activan para negociar poder, cuotas y candidaturas.
Lo más grave es que ni siquiera en campaña ese dinero cumple con el propósito que se supone justifica su entrega. Muchos candidatos compiten prácticamente solos, financiándose con recursos propios, préstamos o apoyos informales, mientras las cúpulas concentran y administran fondos públicos sin transparencia suficiente sobre cómo se distribuyen, bajo qué criterios se asignan o quién decide su destino final.
Por eso reducirles un 50% no es un castigo. Es apenas una medida elemental de sentido común.
Pero sería un error vender ese recorte como si por sí solo representara un verdadero plan de austeridad nacional.
Quitarle el 50% a los partidos es apenas el comienzo.
Si el país va a entrar en una etapa de sacrificios para enfrentar el impacto de la crisis global, entonces el ajuste no puede quedarse en los partidos. Tiene que extenderse a todo el sistema de privilegios que durante años ha drenado recursos públicos con una normalidad obscena.
Reducir el financiamiento inicial es una decisión fácil de anunciar porque genera simpatía inmediata. Golpea a una clase política desacreditada y conecta con el malestar ciudadano. Pero gobernar no es solo tomar la medida popular. Gobernar también implica tocar intereses más profundos, desmontar privilegios más costosos y asumir decisiones que no siempre generan aplausos, pero sí legitimidad.
Si el gobierno quiere hablar de austeridad en serio, entonces después de los partidos tienen que venir las exenciones fiscales que por años han servido como refugio de privilegios disfrazados de incentivo. Tienen que venir las exoneraciones que muchas veces benefician más al poder económico que al interés nacional. Tienen que venir los subsidios mal focalizados, las ayudas convertidas en herramienta clientelar y los beneficios que el Estado sostiene sin medir con rigor su retorno real.
También tienen que revisarse y detenerse de una vez las pensiones alegres, ese sistema de retiros privilegiados que durante años ha convertido el dinero público en premio político, herencia burocrática y carga permanente para un Estado que sigue pidiéndole sacrificios al contribuyente mientras reparte privilegios a discreción.
Y, por supuesto, tiene que venir una revisión seria del gasto corriente del propio gobierno.
La austeridad no puede seguir siendo un decreto bien redactado ni una rueda de prensa bien montada. Tiene que sentirse en el comportamiento del Estado.
Tiene que verse en la reducción real de nóminas infladas, en el desmonte de botellas, en el control de viáticos, en la eliminación de gastos superfluos, en la reducción de consultorías innecesarias, en el freno a alquileres excesivos, en el control de flotillas, en el uso racional de combustibles y en el fin de una cultura administrativa que ha normalizado el exceso mientras le exige sacrificio al ciudadano.
Y sí, también tiene que tocar la publicidad estatal.
Quienes vivimos de la comunicación sabemos perfectamente el impacto que eso tiene sobre medios, periodistas, técnicos y plataformas. Pero también sabemos que en tiempos de estiramiento el gasto público en promoción debe ser racionalizado. Lo que no puede ocurrir es que ese ajuste vuelva a ser selectivo, discrecional o utilizado como herramienta de premio y castigo.
Si vamos a hablar de sacrificios compartidos, entonces el sacrificio tiene que ser compartido de verdad.
No puede recaer solo sobre partidos, medios y ciudadanos mientras el resto del aparato sigue operando con la misma lógica de siempre.
Ese ha sido el problema histórico de la austeridad en República Dominicana. No que se anuncie. Sino que casi nunca toca donde realmente duele.
En los últimos años el presidente ha emitido varios decretos de austeridad. Todos correctos en el papel. Todos impecables en el discurso. Pero ninguno ha logrado traducirse en una percepción real de transformación del gasto público. El país escucha los anuncios, pero no siente el ajuste. Y cuando eso ocurre, lo que se erosiona no es solo el decreto. Es la confianza.
Por eso esta vez el reto no es recortar. El reto es demostrar.
Demostrar que quitarle el 50% a los partidos no es una medida cosmética ni una estrategia para debilitar a la oposición y cosechar aplausos fáciles, sino el inicio real, medible y verificable de un sacrificio nacional que debemos asumir todos.
Demostrar que esta no será una jugada coyuntural para castigar adversarios mientras se preservan privilegios propios, sino el primer paso de una reforma seria del gasto político en República Dominicana.
Y esa reforma debe ir más allá del recorte temporal.
Este es el momento de revisar y modificar la Ley de Partidos y la Ley Electoral, corregir distorsiones y poner fin al absurdo de seguir financiando con dinero público a decenas de organizaciones sin estructura, sin incidencia y sin verdadera representación social.
Hoy en República Dominicana existen más de 30 partidos reconocidos, muchos de ellos convertidos en simples negocios electorales, franquicias de alquiler o pequeñas industrias políticas cuyo único objetivo es sobrevivir del presupuesto público.
No fortalecerán la democracia. La degradación.
No representan ciudadanos. Intereses representativos.
No compite por ideas. Compite por fondos.
No existen para construir institucionalidad. Existen para subsistir del presupuesto sin producir valor democrático real.
Por eso el país no solo debe discutir cuánto dinero se les quita.
Debe discutir cuántos partidos realmente necesita sostener.
Porque recortar a los partidos puede ser una señal.
Pero recortarse el Estado sería la prueba.
Por Elvin Castillo
